Reforma de la prisión provisional: Mayor protección de derechos y procesos más rápidos.
El proyecto de ley introduce cambios significativos en las normas de prisión provisional, acortando su duración máxima y aumentando el control judicial. Los ciudadanos tendrán un mejor acceso a un abogado desde el momento de la detención, y los fiscales deberán justificar con mayor detalle las solicitudes de prisión. El objetivo es agilizar los casos y limitar la privación de libertad injustificada.
Puntos clave
Reducción del período inicial de prisión provisional de 3 meses a 1 mes, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 12 meses por el tribunal de primera instancia.
Turnos de guardia obligatorios para abogados, garantizando el acceso inmediato a un defensor para los detenidos, con los costes cubiertos por el Tesoro Público.
Mayor transparencia en las audiencias judiciales relativas a la prisión y obligación de facilitar al sospechoso y a su abogado los expedientes del caso relativos a los motivos de la prisión.
El tribunal deberá denegar la prórroga de la prisión si el fiscal, sin causa justificada, no ha llevado a cabo las actuaciones procesales previstas.
Introducción del principio de que la prisión provisional no podrá aplicarse si el delito está castigado con una pena de prisión no superior a 2 años.
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