Mayor Protección Contra Acusaciones Falsas de Drogas y Mala Conducta Policial
Esta ley busca proteger a los ciudadanos de condenas injustas por delitos de drogas, exigiendo más pruebas que solo el testimonio de un oficial. Su objetivo es prevenir abusos y corrupción en operaciones antidrogas que históricamente han llevado a arrestos y sentencias injustas, afectando particularmente a las comunidades minoritarias. Los estados que no implementen estas salvaguardias podrían perder fondos federales.
Puntos clave
Las condenas por delitos de drogas requerirán pruebas adicionales más allá del testimonio exclusivo de un oficial de la ley o informante, como grabaciones de video o audio, drogas o dinero.
Los estados que no implementen estos nuevos estándares de evidencia o no controlen eficazmente sus grupos de trabajo antidrogas podrían perder fondos federales para combatir el crimen.
Los agentes de la ley que participen en grupos de trabajo antidrogas deben someterse a evaluaciones de honestidad e integridad.
Los estados que reciban fondos federales deberán recopilar datos sobre los cargos por drogas, incluida la distribución racial y la ubicación, para garantizar la transparencia y monitorear las disparidades.
Estado:
Expirado
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