Protección contra el cobro de deudas gubernamentales y de ayuda de emergencia
Esta ley extiende las protecciones al consumidor contra prácticas desleales de cobro de deudas a las deudas contraídas con gobiernos estatales y locales. También introduce un mecanismo para ajustar las indemnizaciones por daños y perjuicios por inflación y permite a los tribunales emitir órdenes judiciales para detener actividades de cobro ilegales. Además, prohíbe remitir deudas de asistencia de emergencia (por ejemplo, FEMA) a cobradores de deudas privados a menos que haya fraude.
Puntos clave
Los cobradores de deudas deben seguir las mismas reglas al cobrar deudas para gobiernos estatales o locales que para deudas privadas.
Las cantidades de las indemnizaciones por daños y perjuicios que se pueden otorgar por violaciones de los derechos del consumidor por parte de los cobradores de deudas se ajustarán regularmente por inflación.
Los tribunales ahora pueden ordenar a las empresas de cobro de deudas que detengan las prácticas ilegales, brindando mayor protección contra el acoso.
Las deudas por asistencia de emergencia pagada en exceso (por ejemplo, después de desastres naturales) no pueden ser remitidas a cobradores de deudas privados a menos que haya ocurrido fraude.
Expirado
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