Ayuda de emergencia para vivienda: datos de desalojo, apoyo legal y protección de inquilinos.
Esta ley busca crear una base de datos nacional de desalojos para comprender mejor sus causas y alcance. Establece programas de asistencia legal para inquilinos en riesgo de desalojo y limita el uso de información de desalojo en informes de consumo, protegiendo el historial crediticio de los ciudadanos. Además, los propietarios de viviendas con asistencia federal deberán informar a los inquilinos sobre sus derechos y los recursos disponibles.
Puntos clave
Se establecerá una base de datos nacional de desalojos, recopilando información demográfica detallada y protegiendo la privacidad.
Se asignan 10 mil millones de dólares para asistencia legal a inquilinos en riesgo de desalojo y para cubrir honorarios judiciales.
La información sobre desalojos y atrasos en el alquiler no podrá incluirse en los informes de crédito, protegiendo la solvencia de los ciudadanos.
Los propietarios de viviendas con asistencia federal deben informar a los inquilinos sobre sus derechos, recursos disponibles y las razones del desalojo.
Se establecerá una línea directa para inquilinos de viviendas con asistencia federal para brindar ayuda en asuntos relacionados con el desalojo.
Expirado
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