Evaluación de datos educativos en la determinación de la solvencia
Esta ley exige que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor evalúe cómo se utilizan los datos educativos (por ejemplo, universidad, calificaciones) para determinar la solvencia. El objetivo es identificar si tales prácticas conducen a un trato injusto de ciertos grupos. Los hallazgos serán de acceso público, aumentando la transparencia en los procesos de préstamo.
Puntos clave
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor examinará cómo los antecedentes educativos afectan las decisiones de crédito.
Se revisarán los sistemas automatizados de evaluación crediticia en busca de posibles riesgos discriminatorios.
Los hallazgos de la evaluación y una lista de las empresas que utilizan estos datos se harán públicos, mejorando la conciencia del consumidor.
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