Prohibición de prisiones privadas y tarifas de llamadas más bajas para reclusos
Esta ley busca eliminar las prisiones y centros de detención privados, transfiriendo su control al gobierno. Además, introduce regulaciones sobre las tarifas de servicios financieros y de comunicación para personas en instalaciones correccionales y de detención para garantizar la equidad. La ley también prohíbe la detención de familias y establece programas de apoyo alternativos.
Puntos clave
Fin de las prisiones privadas: En un plazo de dos años, las prisiones y centros de detención federales, estatales y locales serán controlados directamente por el gobierno, no por empresas privadas.
Tarifas de llamadas más bajas: La ley establece tarifas máximas para las llamadas telefónicas desde instalaciones correccionales y de detención, reduciendo los costos para las familias y seres queridos.
Supervisión de las tarifas de transferencia de dinero: Las tarifas para enviar dinero a personas encarceladas deben ser razonables y proporcionales al costo del servicio, bajo la supervisión de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
Prohibición de la detención familiar: La ley prohíbe la detención y separación de familias, promoviendo en su lugar programas de apoyo basados en la comunidad.
Mayor transparencia y supervisión: Exige inspecciones regulares y acceso público a los documentos de las instalaciones de detención, con sanciones financieras por incumplimiento.
Derecho de acción privado: Los ciudadanos pueden demandar a las entidades que violen esta ley, proporcionando un medio para hacer valer sus derechos.
Expirado
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