Mayor protección para agentes: penas más estrictas y apoyo a las fuerzas del orden.
Esta ley introduce penas más severas para los ataques contra agentes de seguridad pública, incluyendo jueces, policías y bomberos, y facilita su capacidad para portar armas de fuego. El objetivo es mejorar la seguridad de quienes sirven en funciones públicas y sus familias, y fortalecer las relaciones entre las fuerzas del orden y las comunidades a través de programas de subvenciones.
Puntos clave
Aumento de las penas por el asesinato o agresión a agentes de seguridad pública, jueces y bomberos, incluyendo cadena perpetua o pena de muerte por asesinatos.
Facilidades para que los agentes de seguridad pública porten armas de fuego, incluso en instalaciones federales, para mejorar sus capacidades de autodefensa.
Limitaciones en los recursos federales de hábeas corpus para condenas relacionadas con el asesinato de agentes de seguridad pública, con el objetivo de acelerar los procesos judiciales.
Programas de subvenciones por un total de hasta 20 millones de dólares anuales para 2021-2025 para fomentar la confianza y la colaboración entre las fuerzas del orden y las comunidades.
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