Protección de Denunciantes COVID-19: Salvaguardando la Denuncia de Mala Conducta
Esta ley protege a las personas que denuncian mala conducta relacionada con los fondos y programas de ayuda COVID-19. Asegura que los empleados y contratistas no serán objeto de represalias por revelar despilfarro, fraude o peligros para la salud pública. Esto brinda a los ciudadanos mayor confianza en que el mal uso de los fondos públicos de la pandemia puede ser denunciado sin temor a repercusiones.
Puntos clave
Prohibición de represalias: Los empleadores no pueden despedir, degradar o discriminar a las personas que denuncian mala conducta relacionada con los fondos COVID-19.
Amplio alcance de protección: La protección cubre la denuncia de despilfarro, fraude, peligros para la salud pública y abuso de autoridad en programas pandémicos.
Confidencialidad de la identidad: La identidad del denunciante está protegida y no puede ser revelada sin su consentimiento por escrito.
Facilidad para denunciar: Se establecerán sitios web públicos para presentar quejas, facilitando la denuncia de mala conducta.
Derecho a reparación: Las personas afectadas pueden ejercer sus derechos en los tribunales o en procedimientos administrativos, con acceso a los archivos de investigación.
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