Ley COVID-19 de Detención Segura: Liberación Acelerada y Arresto Domiciliario
Esta ley modifica las reglas para la liberación anticipada de prisión y el arresto domiciliario para personas mayores, con enfermedades terminales o vulnerables al COVID-19. Acorta los períodos de espera para la revisión judicial y amplía la autoridad de los tribunales en estas decisiones. El objetivo es reducir los riesgos de COVID-19 dentro de las instalaciones correccionales.
Puntos clave
Reduce el período de espera para las solicitudes de arresto domiciliario o liberación compasiva de 30 a 10 días durante la emergencia de COVID-19.
Las personas de 60 años o más, o con condiciones médicas subyacentes, se consideran de mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19, lo que facilita su liberación compasiva.
Los tribunales obtienen autoridad directa para ordenar el arresto domiciliario o la reducción de sentencia, incluso si la Oficina de Prisiones no ha actuado sobre una solicitud.
Los acusados que buscan alivio bajo estas disposiciones tienen derecho a asistencia legal.
La ley exige un estudio sobre el impacto de estos cambios en los servicios de libertad condicional y previos al juicio, y solicita recursos para el personal judicial.
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