Protección de derechos de empleados y jubilados en disputas de beneficios
Esta ley busca facilitar que empleados y jubilados defiendan sus derechos en los tribunales en relación con planes de jubilación y beneficios. Prohíbe a las empresas obligar a los empleados a renunciar a su derecho a demandar o unirse a demandas colectivas, otorgando a los ciudadanos mayor libertad para proteger sus intereses financieros y legales.
Puntos clave
Prohibición de cláusulas de arbitraje obligatorio previas a la disputa: Las empresas ya no pueden exigir a los empleados que acepten el arbitraje (resolución de disputas fuera de los tribunales) como condición para participar en un plan de jubilación o recibir beneficios.
Restricciones a las cláusulas de arbitraje posteriores a la disputa: Si ya ha surgido una disputa, el acuerdo de arbitraje debe ser voluntario, sin coacción, con información completa sobre los derechos y después de un período de espera.
Derecho a demandas colectivas: La ley invalida cualquier disposición que obligue a los empleados a renunciar a su derecho a unirse a demandas colectivas o representar a otros en disputas de beneficios.
El tribunal decide la validez de las cláusulas: Un tribunal, no un árbitro, decidirá si una cláusula de arbitraje es válida y exigible, aumentando las posibilidades de los ciudadanos de obtener una resolución justa.
Mayor revisión judicial de las decisiones sobre beneficios: Los tribunales podrán revisar completamente las decisiones relativas a los beneficios y las interpretaciones de las reglas del plan, sin las limitaciones impuestas por la empresa.
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