Protección de los derechos ciudadanos contra incautaciones y registros excesivos.
Esta ley modifica los procedimientos de decomiso civil, acortando los plazos de reclamación y haciendo obligatorias las audiencias judiciales rápidas. Su objetivo es proteger mejor los derechos de los ciudadanos, asegurando un acceso más rápido a los tribunales y la capacidad de defender su propiedad, al tiempo que mejora el acceso a la información sobre las incautaciones.
Puntos clave
Reducción de los plazos para presentar reclamaciones sobre bienes incautados, agilizando los procesos.
Introducción de audiencias judiciales iniciales obligatorias donde los ciudadanos pueden impugnar la legalidad de una incautación y obtener asistencia legal.
Mayor transparencia de las acciones policiales a través de bases de datos públicas sobre incautaciones de bienes y auditorías.
Dificultar la incautación de bienes a propietarios inocentes y aumentar la carga de la prueba para el gobierno en casos de decomiso.
Expirado
Encuesta ciudadana