Retención de ayuda y visas a países que nieguen la aceptación de deportados.
Este proyecto de ley busca obligar a los países a aceptar más rápidamente a sus ciudadanos que han sido expulsados de Estados Unidos. Si un país retrasa la aceptación, podría perder la asistencia financiera de EE. UU. y sus ciudadanos podrían enfrentar restricciones de visa. Esto tiene como objetivo acelerar los procesos de deportación y mejorar la seguridad, especialmente para las personas condenadas por delitos.
Puntos clave
Los países que no acepten a sus ciudadanos expulsados de EE. UU. en un plazo de 90 días podrían perder la asistencia financiera estadounidense.
A los ciudadanos de países que se nieguen a aceptar a los deportados se les podría denegar una visa para EE. UU.
Las víctimas de crímenes cometidos por extranjeros con orden de expulsión tendrán derecho a demandar en un tribunal federal para hacer cumplir estas disposiciones, pero sin sentencias monetarias.
El gobierno de EE. UU. informará regularmente sobre los países que se nieguen o retrasen irrazonablemente la repatriación de sus ciudadanos.
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