Aumento de penas federales por ataques a oficiales y jueces.
Esta ley establece penas federales mucho más severas, incluyendo sentencias mínimas obligatorias, por el asesinato o asalto a oficiales de policía, jueces, fiscales y socorristas cuyas agencias reciben fondos federales. También restringe la capacidad de los condenados por matar a un oficial en tribunales estatales para apelar sus sentencias en tribunales federales. Además, amplía los derechos de los oficiales a portar armas de fuego en instalaciones federales y zonas escolares.
Puntos clave
Aumento significativo de las penas federales (incluida la posible pena de muerte) por el asesinato o intento de asesinato de oficiales de seguridad pública y jueces.
Restricción de los derechos de apelación federal (habeas corpus) para personas condenadas en tribunales estatales por matar a un oficial.
Expansión de la autoridad para que los oficiales activos y jubilados porten armas de fuego en más lugares, incluidas ciertas instalaciones federales y zonas escolares.
Estado:
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