Mayor protección para agentes: penas más severas y nuevas facultades.
Esta ley introduce penas más severas para los ataques contra funcionarios públicos, incluidos jueces y bomberos, y facilita el enjuiciamiento de personas que huyen de la justicia. También amplía la autoridad de los agentes para portar armas de fuego, incluso en algunas instalaciones federales, y asigna fondos para mejorar las relaciones entre las fuerzas del orden y las comunidades.
Puntos clave
Penas más severas por el asesinato y asalto a funcionarios de seguridad pública, incluidos jueces, policías y bomberos, con sentencias mínimas de prisión.
Facilitación del enjuiciamiento de personas que huyen de la justicia después de cometer delitos contra agentes.
Ampliación de la autoridad de los agentes para portar armas de fuego, incluso en ciertos edificios federales y zonas escolares.
Asignación de hasta 20 millones de dólares anuales para programas que mejoren la confianza y la cooperación entre las fuerzas del orden y las comunidades.
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