The People’s Response Act: Seguridad comunitaria sin instituciones penales.
La ley establece una División de Seguridad Comunitaria dentro del Departamento de Salud (HHS) para financiar y coordinar enfoques de seguridad que no estén vinculados al sistema penal (policía, tribunales). Los ciudadanos verán un mayor apoyo en salud mental, intervenciones de crisis sin armas e inversiones en vivienda e infraestructura en áreas de alta necesidad. El objetivo es reducir el contacto con el sistema penal y abordar las causas fundamentales de los problemas sociales.
Puntos clave
Creación de una División de Seguridad Comunitaria en el HHS para supervisar y financiar programas de seguridad que estén 'desconectados de las instituciones carcelarias' (sin relación con la policía o los tribunales).
Autorización de 13.500 millones de dólares en subvenciones (2024-2028) para organizaciones comunitarias y gobiernos para financiar intervenciones de crisis, programas de prevención de la violencia y apoyo a la vivienda.
Establecimiento de una Unidad Federal de Respuesta Sanitaria para contratar al menos 5.000 trabajadores de salud comunitaria y personal de respuesta a crisis, con un salario mínimo de 17 dólares por hora.
Prioridad de financiación para las comunidades y organizaciones lideradas por personas afectadas desproporcionadamente por el sistema penal y la pobreza.
Requisito de que los gobiernos locales realicen una 'evaluación de las necesidades de seguridad' con participación comunitaria para guiar las inversiones.
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