Mayor autoridad estatal en la aplicación de la ley de inmigración
Esta ley otorga a los fiscales generales de los estados la facultad de demandar a las agencias federales de inmigración si consideran que se violan los requisitos de detención y expulsión de inmigrantes, causando daño al estado o a sus residentes. Esto significa que los estados tendrán más influencia en la política de inmigración y podrán reaccionar más rápidamente a las decisiones federales que perciban como perjudiciales para sus comunidades, incluso financieramente.
Puntos clave
Los estados pueden demandar al gobierno federal por violaciones de inmigración si sufren un daño financiero superior a 100 dólares.
Los tribunales acelerarán estos casos, lo que conducirá a decisiones más rápidas en asuntos de inmigración.
Los cambios afectan las inspecciones, la aprehensión y detención de extranjeros, la emisión de visas y la libertad condicional.
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