Mejora de la seguridad de jueces y personal judicial contra amenazas y ataques.
Esta ley establece un centro estatal de inteligencia y recursos sobre amenazas judiciales destinado a proteger a los jueces y al personal de los tribunales estatales y locales de ataques. Esta iniciativa garantiza un sistema judicial más seguro, vital para mantener procedimientos judiciales justos y sin interrupciones para todos los ciudadanos. El centro monitoreará las amenazas, proporcionará capacitación en seguridad y realizará evaluaciones de seguridad física de los juzgados y las residencias judiciales.
Puntos clave
Creación de un nuevo centro de inteligencia para monitorear y responder activamente a las amenazas dirigidas a jueces y personal de tribunales estatales y locales.
Implementación de capacitación en seguridad física y evaluaciones de seguridad para juzgados y las residencias privadas de los funcionarios judiciales.
Desarrollo de una base de datos nacional para rastrear y compartir información sobre amenazas e incidentes, mejorando la coordinación entre las agencias de aplicación de la ley.
Estado:
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