Altos funcionarios y familias deben vender activos financieros extranjeros para evitar conflictos.
Esta legislación obliga al Presidente, miembros del Congreso, funcionarios del Gabinete y sus familiares directos a vender o transferir a un fideicomiso ciego todos sus intereses financieros en empresas extranjeras. El propósito es eliminar los conflictos de intereses que podrían afectar las decisiones gubernamentales. El incumplimiento de estas normas conlleva altas multas civiles, que pueden ser hasta el doble del valor de los activos poseídos ilegalmente.
Puntos clave
La obligación afecta al Presidente, miembros del Congreso, jefes de departamentos ejecutivos, y sus cónyuges e hijos de cualquier edad.
Los individuos cubiertos deben deshacerse de sus intereses financieros extranjeros (acciones, bonos) dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de las regulaciones o a la toma de posesión del cargo.
Se prohíbe a estos funcionarios recibir salarios, dividendos o cualquier otro pago de cualquier negocio extranjero.
Las violaciones intencionales pueden resultar en sanciones civiles de hasta el doble del valor de los activos o pagos recibidos ilegalmente.
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