Prohibición de gastos políticos a empresas condenadas por delitos financieros.
Esta legislación busca limitar la influencia de las corporaciones involucradas en mala conducta grave en los procesos electorales. Impone una prohibición de 10 años para que las empresas condenadas por delitos graves que impliquen deshonestidad o abuso de confianza realicen gastos políticos. La prohibición también se aplica a aquellas que lleguen a un acuerdo con el Fiscal General que implique un pago de 1 millón de dólares o más, buscando así proteger la integridad democrática.
Puntos clave
Las corporaciones condenadas por delitos graves como conspiración para defraudar o deshonestidad tienen prohibido gastar en política durante 10 años.
La prohibición se activa también si la empresa llega a un acuerdo de no enjuiciamiento que requiera un pago de al menos 1.000.000 de dólares.
El objetivo es reducir la influencia de las entidades corporativas criminales en las campañas electorales federales, estatales y locales.
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