Prohibición de algoritmos usados por propietarios para inflar precios de alquiler.
Esta ley busca reducir los costos de vivienda al prohibir que los grandes propietarios (4 o más unidades) utilicen software de precios especializado que facilita la fijación de precios. Estos sistemas algorítmicos se consideran herramientas ilegales para la colusión, lo que resulta en alquileres inflados artificialmente. Los ciudadanos perjudicados por estas prácticas obtienen el derecho de demandar a los propietarios y recuperar el triple de los daños.
Puntos clave
Los propietarios de cuatro o más unidades residenciales tienen prohibido usar software de análisis de datos que recomiende precios de alquiler, ya que esto se considera una fijación ilegal de precios.
Las personas perjudicadas por alquileres artificialmente altos pueden presentar demandas civiles y tienen derecho a recuperar el triple de los daños sufridos.
La ley invalida los acuerdos de arbitraje previos a la disputa, permitiendo a los inquilinos presentar reclamaciones en los tribunales, incluidas las demandas colectivas.
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