Prohibición de Contratos Federales a Empresas con Sede Trasladada al Extranjero
Esta ley busca asegurar que el dinero de los contribuyentes gastado en contratos gubernamentales beneficie a empresas gestionadas y con operaciones significativas dentro de los Estados Unidos. Prohíbe a las agencias federales adjudicar contratos públicos (civiles y de defensa) a corporaciones que trasladaron su domicilio legal al extranjero principalmente para evadir impuestos estadounidenses, pero que aún mantienen fuertes lazos con EE. UU. El objetivo es proteger los empleos y la base impositiva estadounidenses, limitando los contratos lucrativos a empresas comprometidas con operar a nivel nacional.
Puntos clave
El Gobierno Federal tiene prohibido celebrar contratos con empresas que se reincorporaron en el extranjero después del 8 de mayo de 2014, si todavía están controladas mayoritariamente por antiguos propietarios estadounidenses o se gestionan principalmente desde EE. UU.
Los contratos gubernamentales importantes (más de 10 millones de dólares) requerirán que los contratistas principales eviten utilizar estas empresas 'invertidas' como subcontratistas de primer nivel.
Solo se permiten exenciones a la prohibición por motivos de seguridad nacional o para la administración eficiente de programas federales de salud.
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