Prohibición de contratos federales a vendedores de armas vinculados al crimen.
Esta legislación busca aumentar la seguridad pública al prohibir que el gobierno federal contrate a distribuidores de armas de fuego cuyos productos se vinculan frecuentemente a actividades criminales poco después de la venta. El gobierno publicará anualmente una lista de distribuidores a los que se les hayan rastreado 25 o más armas utilizadas en crímenes dentro de los tres años posteriores a la compra, y las agencias federales no podrán firmar contratos con ellos.
Puntos clave
El Fiscal General debe publicar una lista anual de distribuidores de armas cuyas ventas terminan rápidamente en escenas de crímenes.
Las agencias federales tienen prohibido firmar contratos con los distribuidores incluidos en esta lista.
La medida utiliza el poder de compra del gobierno para presionar a los distribuidores a prevenir el tráfico ilegal de armas y mejorar la seguridad ciudadana.
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