Cambios en las normas de participación pública en la regulación federal de energía.
Esta ley reestructura el apoyo a los ciudadanos que participan en los procedimientos de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), trasladando la oficina existente a una nueva División. La consecuencia clave es la prohibición de compensar a los ciudadanos por honorarios de abogados o peritos, incluso si su participación influye con éxito en las decisiones regulatorias. Esto hace que la participación en disputas energéticas sea financieramente más difícil para el público.
Puntos clave
La Oficina de Participación Pública de la FERC se reorganiza en una nueva División dentro de la Oficina de Asuntos Externos.
La asistencia a los ciudadanos que participan en los procedimientos de la FERC se limita estrictamente a apoyo técnico y logístico.
Se prohíbe a la FERC pagar honorarios legales o costos de expertos a los ciudadanos que intervienen con éxito, lo que aumenta la carga financiera de la participación pública.
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