Aumento de penas por corrupción y gratificaciones ilegales a funcionarios
Esta ley endurece las normas anticorrupción para funcionarios estatales, locales y tribales, así como para organizaciones que reciben fondos federales. Introduce una nueva prohibición clara de dar o recibir regalos ilegales por valor de 1.000 USD o más relacionados con actos oficiales. Además, la pena máxima de prisión por delitos graves de corrupción aumenta de 10 a 15 años, buscando mayor rendición de cuentas en el gasto público.
Puntos clave
Establece un nuevo delito específico por dar o recibir gratificaciones ilegales de 1.000 USD o más por parte de funcionarios por realizar actos oficiales.
Aumenta la pena máxima de prisión para los delitos graves de corrupción existentes que involucren fondos federales de 10 a 15 años.
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