Protección de la Integridad Investigativa: El Presidente no puede controlar las pesquisas del DOJ.
Esta ley busca fortalecer la independencia judicial impidiendo que el Presidente de EE. UU. controle o fuerce el sobreseimiento de investigaciones penales llevadas a cabo por el Departamento de Justicia (DOJ) en su contra. Si los fiscales buscan desestimar un caso contra el Presidente, el Fiscal General debe presentar una declaración jurada confirmando que la decisión no fue ordenada por el Presidente. Un tribunal especial de tres jueces revisará la decisión en busca de mala fe, asegurando que el estado de derecho se aplique por igual al cargo más alto.
Puntos clave
Se prohíbe explícitamente al Presidente ordenar al Departamento de Justicia que desestime una investigación penal en su contra.
Si se solicita el sobreseimiento, el Fiscal General debe proporcionar una declaración jurada de que el Presidente no dirigió la acción.
Un tribunal especial de tres jueces debe aprobar el sobreseimiento, verificando la evidencia de mala fe o intentos de actuar fuera de la autoridad legal.
El Inspector General del DOJ debe informar inmediatamente al Congreso si existe una creencia de buena fe de que el Presidente ordenó la moción de sobreseimiento.
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