Protección de trabajadores electorales: nuevas penas por intimidación y violencia.
Esta ley introduce nuevas penas federales por el uso de fuerza, amenazas o violencia contra los trabajadores electorales, funcionarios y observadores. El objetivo es garantizar la seguridad y el orden durante el proceso de votación, aumentando la confianza ciudadana en la integridad electoral. Las disposiciones también protegen la infraestructura electoral física, como los centros de votación y recuento, contra daños intencionales.
Puntos clave
Imposición de penas federales (hasta 6 meses de prisión y 2.500 USD de multa) por intimidar o interferir deliberadamente con funcionarios electorales u observadores.
Aumento de las penas (hasta 1 año de prisión y 5.000 USD de multa) si la intimidación resulta en lesiones corporales o implica el uso de armas o explosivos.
Establecimiento de penas por dañar físicamente de forma intencional los centros de votación u otra infraestructura electoral con la intención de interrumpir el proceso.
La persecución federal requiere la certificación por escrito del Fiscal General, generalmente cuando la jurisdicción estatal es insuficiente o el interés público lo exige.
Expirado
Encuesta ciudadana