Prohibición de tres años de fondos federales para defraudadores condenados.
Esta ley busca proteger el dinero de los contribuyentes endureciendo las reglas para acceder a los fondos federales. Establece una prohibición obligatoria de tres años para que las personas condenadas por delitos graves de fraude financiero relacionados con programas gubernamentales reciban contratos, subvenciones o préstamos federales. Esto tiene como objetivo garantizar una mayor integridad en el gasto público y reducir el riesgo de despilfarro.
Puntos clave
Las personas condenadas por delitos graves de fraude financiero que involucren fondos federales (subvenciones, préstamos, contratos) serán excluidas automáticamente de recibir nuevas adjudicaciones federales durante tres años.
La prohibición abarca una amplia gama de delitos, incluidas declaraciones falsas, robo de fondos públicos y blanqueo de dinero.
Las agencias gubernamentales pueden eximir a un individuo de la prohibición en casos excepcionales justificados por escrito, pero deben notificar inmediatamente al Congreso.
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