Derecho constitucional de los Gobernadores a repeler la invasión en la frontera sur.
Esta Resolución del Senado afirma que el movimiento masivo e ilegal a través de la frontera sur, junto con la actividad de los cárteles y la delincuencia, constituye una "invasión" constitucional. En consecuencia, se considera que los gobernadores estatales tienen la autoridad para tomar medidas de forma independiente para repeler esta amenaza. Los ciudadanos podrían experimentar un aumento de las medidas de seguridad a nivel estatal, pero también posibles conflictos legales entre las autoridades estatales y federales en materia de inmigración.
Puntos clave
El Senado determina que la actividad fronteriza actual cumple con la definición constitucional de "invasión", justificando medidas de autodefensa estatal.
Se reafirma que los Gobernadores de los estados tienen el poder de actuar como Comandantes en Jefe para asegurar sus fronteras contra esta amenaza percibida.
La resolución destaca la enorme carga financiera para los contribuyentes (estimada en 150.700 millones de dólares anuales) y el aumento del contrabando de drogas y personas.
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