Extensión a 10 años del plazo de prescripción para el fraude en el desempleo pandémico
Esta ley amplía significativamente el período durante el cual las autoridades pueden perseguir a las personas sospechosas de haber defraudado los programas de beneficios de desempleo COVID-19. El plazo de prescripción para las acciones penales o civiles relacionadas con este fraude se extiende de 3 a 10 años. Esto implica que las personas que recibieron fondos de manera indebida pueden enfrentar acciones legales y esfuerzos de recuperación por parte del estado durante un período mucho más largo.
Puntos clave
El plazo de prescripción para cargos penales o acciones civiles por fraude en los beneficios de desempleo pandémico se extiende a 10 años.
Se establecen reglas formales para la recuperación de pagos en exceso, permitiendo a las agencias estatales deducir montos de futuros beneficios de desempleo durante un período de 10 años.
Las personas obligadas a reembolsar los fondos tienen derecho a una notificación y a una audiencia justa antes de que se tome cualquier determinación final.
Las agencias estatales pueden renunciar al reembolso si el pago se realizó sin culpa del beneficiario y si el reembolso fuera contrario a la equidad y la buena conciencia.
Expirado
Encuesta ciudadana