Ley de Protección de Trabajadores Electorales: Nuevas multas y seguridad.
Esta Ley establece nuevas sanciones federales por acosar, amenazar o intimidar a los trabajadores electorales, incluidos funcionarios y voluntarios. Proporciona subvenciones a los estados para mejorar la seguridad física, monitorear amenazas en redes sociales y proteger la información personal del personal electoral. El objetivo es salvaguardar la integridad del proceso electoral asegurando que quienes administran las elecciones puedan trabajar de manera segura y sin interrupciones.
Puntos clave
Creación de un nuevo delito federal: acoso o intimidación de trabajadores electorales, punible con hasta 5 años de prisión y una multa de 100.000 USD.
Subvenciones para que los estados mejoren la contratación, la capacitación y la seguridad física/digital (incluida la protección de la información de identificación personal contra el "doxxing").
Los funcionarios electorales obtienen la autoridad para expulsar a los observadores de las urnas que intimiden o interrumpan el proceso de votación o recuento.
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