Grandes corporaciones deben auditar y eliminar el trabajo infantil en cadenas de suministro.
Esta ley exige que las corporaciones más grandes (con más de 500 millones de dólares en ingresos) realicen auditorías anuales e informen públicamente sobre el uso de trabajo infantil ilegal en sus cadenas de suministro globales. El objetivo es aumentar la transparencia corporativa y la rendición de cuentas, asegurando a los consumidores que los productos comprados no son resultado de la explotación infantil. Las empresas que incumplan o tomen represalias contra los trabajadores se enfrentan a multas financieras masivas.
Puntos clave
Auditorías obligatorias: Las grandes empresas deben investigar anualmente a sus proveedores en busca de trabajo infantil ilegal, incluyendo entrevistas confidenciales con los trabajadores.
Transparencia pública: Los hallazgos de las auditorías y las políticas para prevenir el trabajo infantil deben publicarse en el sitio web público de la empresa, mejorando la información al consumidor.
Protección laboral: Los empleados que cooperan con las auditorías están legalmente protegidos contra represalias; las represalias intencionales pueden ser sancionadas con hasta 500 millones de dólares.
Sanciones severas: El incumplimiento de las normas de presentación de informes y auditoría puede resultar en multas civiles de hasta 100 millones de dólares.
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