Mayor protección para denunciantes: Contratistas que reportan mala conducta federal.
Esta legislación amplía significativamente las protecciones contra represalias para las personas que denuncian despilfarro, fraude o riesgos de seguridad relacionados con contratos y subvenciones federales, especialmente en el Departamento de Defensa y la NASA. La protección se extiende a contratistas, subcontratistas y sus empleados. Además, prohíbe los acuerdos de arbitraje que obligarían a los denunciantes a renunciar a sus derechos legales, promoviendo una mayor rendición de cuentas.
Puntos clave
La protección se extiende a contratistas, subcontratistas, beneficiarios de subvenciones y personas que prestan servicios personales al Gobierno Federal.
Se protege a las personas que se niegan a obedecer una orden que les obligaría a violar una ley relacionada con un contrato federal.
Los acuerdos de arbitraje previos a la disputa que exijan el arbitraje de estas reclamaciones son ahora inválidos e inaplicables.
Los funcionarios federales que soliciten represalias contra un denunciante pueden ser objeto de medidas disciplinarias.
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