Aumento de penas federales por ataques a oficiales y más derechos de armas.
Esta ley aumenta drásticamente las penas federales, incluida la pena de muerte, por matar o agredir a policías, jueces, fiscales y socorristas cuyas agencias reciben fondos federales. También establece nuevos delitos federales por huir de la justicia después de cometer tales actos. Además, amplía los derechos de los oficiales activos y jubilados para portar armas de fuego en instalaciones federales y zonas escolares, buscando mejorar su seguridad personal.
Puntos clave
Aumento significativo de las penas federales (hasta la pena de muerte) por matar o agredir a oficiales de seguridad pública y socorristas.
Derechos ampliados para oficiales activos y jubilados para portar armas de fuego en instalaciones federales y zonas escolares.
Limitación de las apelaciones federales (habeas corpus) para condenados por tribunales estatales por matar a un oficial.
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