Recuperación de Fraude de Desempleo: Incentivos Estatales para Modernizar y Combatir el Crimen.
Esta ley busca recuperar miles de millones de dólares perdidos por reclamaciones fraudulentas de desempleo durante la pandemia de COVID-19. Ofrece incentivos financieros a los estados, permitiéndoles retener el 25% de los fondos recuperados para modernizar sus sistemas de TI y contratar investigadores de fraude. Para acceder a estos fondos, los estados deben implementar procedimientos obligatorios de cotejo de datos, verificando la información de los solicitantes con registros de empleo, defunción y encarcelamiento.
Puntos clave
Los estados pueden retener el 25% de los beneficios federales de desempleo COVID recuperados por fraude, utilizando el dinero para modernizar la tecnología y financiar las investigaciones.
El plazo de prescripción para perseguir el fraude de desempleo (penal y civil) se amplía a 10 años.
Se exige a los estados que utilicen sistemas avanzados de cotejo de datos para detectar y prevenir pagos indebidos a personas empleadas, fallecidas o encarceladas.
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