Mayor protección y penas más duras por ataques a funcionarios de seguridad pública.
La ley establece nuevos delitos federales y penas significativamente más severas por el asesinato, intento de asesinato o agresión a funcionarios de seguridad pública, incluidos policías, bomberos, paramédicos y jueces. El objetivo es mejorar la seguridad de los servidores públicos, especialmente aquellos cuyas agencias reciben fondos federales. Los ciudadanos deben esperar que los ataques contra quienes garantizan la seguridad pública sean procesados con mayor rigor a nivel federal.
Puntos clave
Nuevo Delito Federal: El asesinato o intento de asesinato de un funcionario de seguridad pública se castiga con 30 años a cadena perpetua, o la pena de muerte.
Penas de Agresión más Duras: La agresión a un funcionario de seguridad pública, dependiendo de la lesión o el uso de un arma, conlleva una pena mínima que oscila entre 1 año y al menos 20 años de prisión.
Alcance de Protección Ampliado: La protección cubre a funcionarios federales, jueces y funcionarios estatales/locales cuyas agencias reciben asistencia financiera federal.
Agravante de Sentencia: Las penas se aumentan en al menos 5 niveles si el acusado atrajo a la víctima a un lugar con el propósito de atacarla o matarla.
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