Más poder a la policía local y estatal para hacer cumplir leyes migratorias.
Esta ley otorga a la policía estatal y local autoridad explícita para investigar, detener y arrestar a personas que violen las leyes federales de inmigración, exigiendo su rápida transferencia a custodia federal. También obliga a incluir datos sobre violaciones migratorias, como la permanencia excesiva o las órdenes de expulsión, en la base de datos nacional de delitos. Estos cambios buscan acelerar las deportaciones y endurecer las condiciones de detención para los no ciudadanos.
Puntos clave
La policía estatal y local obtiene autoridad explícita para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, incluyendo el arresto y la transferencia de no ciudadanos a custodia federal.
La información sobre violadores de inmigración debe ingresarse obligatoriamente en la Base de Datos Nacional de Información Criminal (NCIC).
El período estándar de expulsión se reduce de 90 a 60 días, y la capacidad de muchos detenidos para solicitar la liberación bajo fianza se restringe severamente.
Los oficiales estatales y locales reciben inmunidad de responsabilidad civil personal al aplicar las leyes de inmigración.
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