Represión del Activismo Corporativo: Nuevas Sanciones a Directores por Políticas Sociales.
Este proyecto de ley obliga a las grandes corporaciones a centrarse estrictamente en el beneficio en lugar de en objetivos sociales o políticos. Introduce severas sanciones financieras, incluyendo daños triples, para los directores y la gerencia que tomen acciones no relacionadas con el interés financiero de la empresa, como boicots estatales o la promoción de ideologías específicas. Estos cambios empoderan a los accionistas para demandar a las empresas por gastos sociales, aumentando la rendición de cuentas del liderazgo corporativo.
Puntos clave
Las grandes empresas (más de 20 mil millones de dólares de valor de mercado) deben evitar acciones basadas en políticas sociales (por ejemplo, DEI, boicots estatales) si no están directamente relacionadas con el beneficio financiero.
Los directores y gerentes enfrentan responsabilidad financiera personal (daños triples, sin indemnización) por incumplir deberes fiduciarios al participar en activismo social.
Se otorgan ventajas procesales a los accionistas para demandar a las empresas por gastos no pecuniarios, especialmente si los directores están vinculados a fondos ESG o grupos activistas.
Expirado
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