Subvenciones federales para expandir las órdenes de protección de riesgo extremo.
Esta ley establece un programa de subvenciones federales para ayudar a los estados y gobiernos tribales a implementar y hacer cumplir leyes que permiten a los tribunales retirar temporalmente armas de fuego a personas consideradas un peligro para sí mismas o para otros. Introduce estándares mínimos de debido proceso, incluido el derecho a ser escuchado, y asegura que estas órdenes sean reconocidas a nivel nacional. Las personas sujetas a estas órdenes tienen prohibido federalmente poseer o comprar armas de fuego, con el objetivo de mejorar la seguridad pública.
Puntos clave
Crea financiación federal para capacitar a la policía, jueces y profesionales de la salud sobre el uso seguro y equitativo de las Órdenes de Protección de Riesgo Extremo (ERPO).
Requiere que las ERPO se ingresen en el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS), prohibiendo inmediatamente a la persona afectada comprar armas legalmente.
Exige que las órdenes emitidas en un estado o tribunal tribal sean reconocidas y aplicadas por todos los demás estados (Plena Fe y Crédito).
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