Integridad electoral: protección de funcionarios y restricción de impugnaciones de votantes.
Esta ley establece normas para proteger a los administradores electorales locales de ser destituidos por motivos políticos, asegurando la imparcialidad en el recuento de votos. También restringe la capacidad de los ciudadanos privados para impugnar la elegibilidad de un votante el Día de las Elecciones, exigiendo conocimiento personal y documentación jurada para prevenir impugnaciones masivas e infundadas.
Puntos clave
Protección de Administradores Electorales: Los funcionarios locales solo pueden ser destituidos por ineficiencia, negligencia o mala conducta, no por presiones políticas, garantizando la estabilidad electoral.
Restricción de Impugnaciones: Los particulares no pueden impugnar la elegibilidad de un votante el Día de las Elecciones si los motivos eran conocidos con antelación; las impugnaciones deben basarse en conocimiento personal y declaración jurada.
Votación sin interrupciones: El objetivo es garantizar una administración electoral estable y reducir las interrupciones injustificadas en los centros de votación.
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