Mayor transparencia de fiscales y límites a la eliminación de la fianza en efectivo por delitos con armas.
Esta ley exige que los fiscales en jurisdicciones grandes informen anualmente sobre el número de casos de delitos graves (incluidos asesinato, robo y delitos con armas de fuego) que se negaron a procesar o desviaron. Además, los gobiernos locales que eliminen la fianza en efectivo para los acusados de uso o posesión ilegal de armas de fuego perderán el acceso a importantes subvenciones federales de seguridad pública. Esto busca aumentar la rendición de cuentas de los fiscales e influir en las políticas locales de fianza.
Puntos clave
Los fiscales en jurisdicciones con más de 360,000 habitantes deben informar públicamente cuántos casos de delitos graves (robo, asalto, delitos con armas) se negaron a procesar.
Las jurisdicciones que prohíban la fianza en efectivo para acusados de uso o posesión ilegal de armas de fuego perderán el acceso a los fondos federales de seguridad pública (fondos Byrne-JAG).
Las oficinas de los fiscales que cumplan con los nuevos requisitos de presentación de informes recibirán prioridad en la distribución de fondos federales.
Expirado
Encuesta ciudadana