Acceso Bancario para Negocios Legales de Cannabis: La Ley SAFER Banking
La Ley SAFER Banking tiene como objetivo proteger a las instituciones financieras (bancos, aseguradoras) de sanciones federales únicamente por proporcionar servicios a negocios de cannabis que operan legalmente a nivel estatal. Para los ciudadanos, esto significa un mayor acceso a servicios bancarios esenciales y préstamos hipotecarios para las personas que trabajan en la industria legal del cannabis, facilitando las operaciones comerciales y la financiación de viviendas. La Ley también introduce nuevas directrices para los bancos sobre la presentación de informes de actividades sospechosas para agilizar las operaciones legales, manteniendo al mismo tiempo los mecanismos contra el crimen financiero.
Puntos clave
Protección Bancaria: Las instituciones financieras no serán penalizadas por los reguladores federales (por ejemplo, pérdida del seguro de depósitos) únicamente por servir a negocios de cannabis (marihuana y cáñamo) sancionados por el estado y que cumplen con la ley estatal.
Acceso a Hipotecas: Los ingresos derivados de actividades legales de cannabis serán tratados como cualquier otro ingreso legal para calificar para préstamos hipotecarios cubiertos para propiedades residenciales (1 a 4 familias), facilitando la compra de viviendas para empleados y propietarios de estas empresas.
Facilitación para Negocios de Cannabis: Los negocios legales de cannabis y sus proveedores de servicios obtendrán acceso a servicios financieros estándar (cuentas, seguros, pagos), reduciendo su dependencia del efectivo y aumentando la seguridad.
Nuevas Reglas de Reporte: Se desarrollarán nuevas directrices uniformes para los bancos con respecto a los Informes de Actividad Sospechosa (SAR) relacionados con negocios de cannabis, con el objetivo de reducir la burocracia para las entidades legales mientras se enfocan en amenazas criminales genuinas.
Protección contra la Confiscación: Las instituciones financieras que otorgan préstamos a negocios de cannabis o a propietarios que les alquilan propiedades estarán protegidas contra la confiscación federal (penal, civil o administrativa) de las garantías (por ejemplo, bienes inmuebles) relacionadas con esos préstamos.
Expirado
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