Protección Familiar y Mayor Acceso a Tratamiento de Trastornos por Uso de Sustancias
La ley protege a los padres embarazadas y posparto de las pruebas de detección de sustancias obligatorias y la separación automática de los hijos si están tomando medicamentos recetados, incluidos los tratamientos para la adicción. Asigna 500 millones de dólares para ampliar los servicios de salud mental y adicciones, convirtiéndolos en servicios primarios obligatorios en los centros de salud comunitarios. Además, garantiza fondos adicionales para el apoyo integral a los niños en los programas Head Start cuyas familias se ven afectadas por estos trastornos.
Puntos clave
Prohibición de pruebas toxicológicas obligatorias para los padres que dan a luz sin consentimiento informado; los resultados no pueden ser el único factor para la separación familiar.
Los servicios de salud mental y trastornos por uso de sustancias se convierten en servicios primarios requeridos en los Centros de Salud Comunitarios, respaldados por 500 millones de dólares.
Autorización de 60 millones de dólares anuales para que los programas Head Start brinden apoyo integral a los niños de familias afectadas por trastornos por uso de sustancias.
Establecimiento de un grupo de trabajo interinstitucional federal para coordinar y optimizar los recursos gubernamentales para las familias afectadas.
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