Más acceso a inversiones privadas: nuevos límites para inversores acreditados.

Esta legislación facilita que más ciudadanos inviertan en empresas y fondos privados que antes estaban limitados a personas muy ricas. Los individuos pueden ahora calificar como "inversor acreditado" si su inversión total en valores no públicos no supera el 10% de sus ingresos anuales o de su patrimonio neto. Esto amplía las oportunidades de inversión, pero también implica una mayor exposición al riesgo financiero para los inversores comunes.