Refuerzo de la aplicación de órdenes de detención de inmigrantes para mejorar la seguridad.
Esta Ley exige la plena cooperación entre las fuerzas del orden estatales y locales y las autoridades federales de inmigración (DHS) en relación con la detención de personas arrestadas por delitos y sospechosas de ser extranjeros sujetos a deportación. El objetivo es mejorar la seguridad pública evitando la liberación de extranjeros criminales en las comunidades. Las jurisdicciones locales que no cumplan enfrentarán sanciones financieras y perderán el acceso prioritario a fondos y equipos federales.
Puntos clave
Las fuerzas del orden locales deben retener a las personas sospechosas de ser extranjeros deportables, a solicitud del DHS, por un máximo de 48 horas para su transferencia a custodia federal.
Las jurisdicciones que no cumplan con las órdenes de detención perderán la prioridad de acceso a subvenciones federales de seguridad y al excedente de equipo militar.
La Ley establece una compensación financiera para los estados y localidades que cubran los costos de detención de extranjeros criminales en espera de transferencia.
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