Ley de Prevención y Recuperación de Fraudes
Esta ley destina cientos de millones de dólares a perseguir el fraude relacionado con las ayudas COVID-19 y a modernizar los sistemas gubernamentales para prevenir pagos indebidos. Un componente clave es el establecimiento de un fondo de 600 millones de dólares dedicado a mejorar la verificación de identidad y apoyar a las víctimas de fraude de identidad. Estos cambios buscan proteger el dinero de los contribuyentes y mejorar la integridad de los pagos federales.
Puntos clave
Fondos adicionales (un total de 550 millones de USD) para los Inspectores Generales y el Departamento de Justicia para perseguir el fraude de la pandemia de COVID-19 y recuperar fondos.
Fortalecimiento de la iniciativa 'Do Not Pay' mediante la verificación de cuentas bancarias y el acceso al Directorio Nacional de Nuevas Contrataciones (National Directory of New Hires).
Creación de un fondo de 600 millones de USD, de los cuales 200 millones de USD se asignan a la Comisión Federal de Comercio para mejorar la plataforma IdentityTheft.gov.
Aumento del límite monetario para las reclamaciones que las agencias pueden resolver administrativamente bajo la Ley de Falsas Reclamaciones, de 150.000 USD a 1.000.000 USD.
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