Informes obligatorios y preparación ante desastres en prisiones federales.
Esta ley exige a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que presente informes anuales al Congreso detallando los daños y el impacto de desastres mayores (incluidas pandemias y clima extremo) en los reclusos y el personal. El objetivo es aumentar la transparencia y forzar la modernización de los planes de emergencia para garantizar que los reclusos mantengan el acceso a la atención médica, el agua, los alimentos y los derechos civiles durante las crisis. También amplía la junta de supervisión para incluir expertos en salud pública y personas con experiencia correccional.
Puntos clave
Las prisiones federales deben informar anualmente sobre daños, lesiones y pérdidas de vidas entre reclusos y personal después de cualquier desastre mayor.
Los informes deben detallar cómo el desastre afectó el acceso de los reclusos a la atención médica, agua potable, alimentos y la capacidad de comunicarse con asesoría legal.
Se exige la creación de planes de acción correctiva y la modernización de los procedimientos de emergencia para proteger mejor la salud y seguridad de la población correccional durante las crisis.
Se amplía la junta del Instituto Nacional de Correcciones para incluir personas con experiencia de encarcelamiento, expertos en respuesta a emergencias y representantes sindicales del personal.
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