Mayor Transparencia Regulatoria: Fin a la Influencia Corporativa Oculta.
Esta ley aumenta significativamente la transparencia en el proceso de elaboración de normas federales, obligando a las empresas a revelar las fuentes de financiación de los estudios científicos y económicos que utilizan para influir en las agencias. Establece una Oficina del Defensor Público para ayudar a los ciudadanos a participar en el proceso regulatorio y garantizar que las nuevas normas promuevan la equidad social. El objetivo es asegurar que las decisiones regulatorias se basen en datos objetivos y no en intereses corporativos ocultos.
Puntos clave
Las empresas deben revelar las fuentes de financiación de las investigaciones científicas y económicas presentadas a las agencias para evitar conflictos de intereses ocultos.
Se establece la Oficina del Defensor Público para facilitar la participación ciudadana en la elaboración de normas y evaluar su impacto en la equidad social.
Las agencias deben explicar públicamente por qué retiran normas propuestas y detallar los cambios realizados a solicitud de otros funcionarios federales.
Se imponen sanciones civiles sustanciales (a partir de 250.000 USD) a las empresas que cotizan en bolsa por presentar información falsa o engañosa.
Las agencias deben considerar los beneficios no cuantificables (como la salud pública) y el impacto de las regulaciones en la equidad social.
Expirado
Encuesta ciudadana