Militares de EE. UU. deben usar leyes estatales 'Red Flag' para intervención en crisis.
Esta ley exige que las Fuerzas Armadas de EE. UU. utilicen plenamente los programas estatales de órdenes de protección de riesgo extremo (leyes 'Red Flag'). Esto significa que los oficiales al mando deben notificar a los tribunales estatales sobre los miembros del servicio considerados no aptos para poseer un arma de fuego debido a amenazas creíbles de violencia. El objetivo es mejorar la seguridad pública y militar retirando temporalmente las armas a las personas que representan un riesgo, lo que requiere que el ejército comparta pruebas relevantes con los tribunales, incluso anulando ciertas protecciones de privacidad.
Puntos clave
Uso obligatorio: Las Fuerzas Armadas deben utilizar plenamente los programas estatales de órdenes de protección de riesgo extremo cuando un miembro del servicio represente una amenaza grave.
Intercambio de información: El ejército deberá proporcionar hechos materiales y pruebas relevantes a los tribunales estatales, incluso si normalmente estarían protegidos por regulaciones de privacidad (HIPAA y Ley de Privacidad).
Alcance de la amenaza: Se aplica a los miembros del servicio considerados no aptos para portar un arma de fuego debido a amenazas creíbles de violencia contra otros, ellos mismos o instalaciones militares.
Participación judicial: El ejército debe participar plenamente en los procedimientos judiciales estatales para imponer o finalizar una orden de protección.
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