Aumento de penas por teléfonos en prisiones y revisión de políticas de contrabando
La ley establece una pena máxima específica de 2 años de prisión para quienes proporcionen teléfonos móviles u otros dispositivos de comunicación a los reclusos en centros penitenciarios. Además, obliga a la Oficina de Prisiones a revisar y actualizar sus políticas internas sobre la posesión de objetos prohibidos por parte de los reclusos en el plazo de un año. El objetivo es mejorar las medidas de seguridad tanto para el personal penitenciario como para los internos.
Puntos clave
Se establece una nueva pena máxima de 2 años de prisión para quienes suministren teléfonos móviles o dispositivos de comunicación a reclusos en prisiones federales.
La Oficina de Prisiones debe revisar y actualizar las políticas sobre la posesión de artículos prohibidos por los reclusos para mejorar la seguridad del personal y de los internos.
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