Protección de la Propiedad: Estándar de Prueba Superior y Fin de la Incautación No Judicial.
Esta ley restringe significativamente la capacidad del gobierno federal para incautar propiedad privada mediante decomiso civil, elevando el estándar de prueba necesario. Elimina el decomiso no judicial, asegurando que todas las incautaciones requieran aprobación judicial, y garantiza el derecho a un abogado de oficio para los propietarios con dificultades financieras. El objetivo es proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos y eliminar el incentivo económico para las agencias de incautar bienes.
Puntos clave
El gobierno debe demostrar la conexión del bien con el delito utilizando "pruebas claras y convincentes", un estándar mucho más alto que el anterior.
Se prohíbe a las agencias federales incautar propiedades sin una orden judicial (fin del decomiso no judicial).
Los propietarios que no puedan pagar representación legal pueden solicitar un abogado designado por el tribunal.
Los ingresos de los bienes incautados se destinarán al Fondo General del Tesoro de EE. UU., en lugar de ir directamente a las agencias.
Expirado
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